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Concepto Inconciliable de Planeación Urbana

Mtra. Adriana Delarue Uscanga

La planeación urbana es una herramienta importante para los mandatarios locales a fin de lograr que las ciudades puedan alcanzar un desarrollo sostenible y ordenado.

Ayuda a formular objetivos a medio y largo plazo de forma que concilien una visión colectiva con la organización racional de los recursos para lograrla. 

La planeación trata de sacar el mejor provecho de los presupuestos municipales y equilibra las demandas de crecimiento con la necesidad de proteger el medio ambiente. También distribuye el desarrollo económico dentro de un área determinada para alcanzar objetivos sociales, y permite la creación de un marco de asociatividad entre los gobiernos locales, el sector privado y el público en general.

Desarrollar un proyecto de planificación urbana incluye el análisis profundo de factores como los antes mencionados.

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El objetivo final es cubrir las necesidades en materia de movilidad de la población del modo más dinámico y eficiente posible. Para ello hay que incluir el trabajo de arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros de transporte, informáticos y otros profesionales que pueden desarrollar planes a partir de las peculiaridades del terreno. La mayoría de los planes incluyen la modificación de zonas ya creadas, éstas requieren una implementación de recursos, pero siempre respetando la arquitectura establecida, es decir la infraestructura y el contexto arquitectónico.

Generar la eficiencia del sistema urbano también es muy importante a la hora de planificar. Cada zona tiene unas necesidades y limitaciones que se deben respetar.

 

El medio físico es una imposición inalterable, en la mayoría de los casos. La capacidad de adaptación y las ideas originales son la clave para salvar los obstáculos impuestos por los desniveles, las fronteras naturales y los accidentes geográficos. La construcción de pasos subterráneos o elevados, así como el montaje de ascensores públicos y escaleras mecánicas, pueden mejorar y ampliar el espacio urbano transitable.

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Las fronteras políticas son otro de los factores que intervienen en la planificación. Los límites políticos y las condiciones existentes en cada una de las zonas proyectadas pueden limitar o hacer viables los proyectos.

La economía también limita las opciones de la movilidad urbana sostenible y las modificaciones arquitectónicas, incluir puntos de recarga y cualquier otro cambio o implementación, dependen del capital propio de un ayuntamiento o de los fondos suministrados por la comunidad autónoma.

El fenómeno urbano y su dinámica en cualquier parte del mundo se presenta como un proceso complejo de intercambio entre las personas, las actividades, el ambiente, los intereses, las culturas, los poderes, los deberes y derechos, siendo finalmente la ciudad una respuesta del compromiso colectivo logrado.

Legalmente en nuestro país se establecen las disposiciones encaminadas al ordenamiento de los municipios y la regulación de los centros de población.

A pesar de que existe una reglamentación en cuanto al uso adecuado del suelo de conservación en la que se establece que no debería de haber asentamientos humanos, esto no se cumple y se generan problemas de tipo ecológico, social y económico.

Este crecimiento desbordado en suelo de conservación genera un cambio, ya que se construyen viviendas y caminos en lugares no destinados para este uso. Esto implica la introducción de servicios como luz y agua, los cuales no siempre se otorgan de forma adecuada.

Por tanto, la problemática se presenta como un proceso complejo de intercambio entre las personas, las actividades, el ambiente, los intereses, las culturas, los poderes, los deberes y derechos, siendo finalmente la ciudad una respuesta a estos problemas y al compromiso colectivo escasamente logrado.

Este compromiso se construye no sólo sobre las bases de un deseo de colaboración, de identificación con una causa específica, de la búsqueda de la solución a los problemas, sino también resulta importante contar con una base normativa social, política, económica y urbanística, que guíe la convivencia en sociedad y que sea aplicable igualitariamente a todas las personas naturales y jurídicas que conforman un territorio, una región, un municipio o una ciudad.

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